Con el inicio de una “farsa” campaña electoral, salieron a la luz una serie de irregularidades del proceso comicial convocado por el régimen de Maduro para finales de mayo, en donde se pretende elegir concejos legislativos, asamblea nacional y veinte cuatro gobernadores que de manera inédita podrían lograr en simultáneo un curul en el parlamento.

El Consejo Nacional Electoral emitió un comunicado el 21 de abril afirmando haber cumplido con el 62% de las actividades previstas en un cronograma electoral que no es público. El documento que no fue distribuido por los canales oficiales del organismo sino por cuentas de redes sociales de funcionarios del régimen, tampoco se puede encontrar en el sitio web oficial del ente comicial que sigue “caído” tras el supuesto hackeo que sufrió el sistema el 28 de julio en horas de la noche.

En el comunicado, el CNE también afirma que se postularon 6.687 candidaturas para los distintos cargos que aumentaron de manera exponencial con respecto a las parlamentarias de 2020 y las regionales de 2021, pero no incluyó cuál es la cantidad de cargos a elegir, sin embargo, el dato lo había dicho una semana antes su presidente, Elvis Amoroso, señalando que se elegirán 285 diputados a la Asamblea Nacional, 24 gobernadores de estados y 260 legisladores regionales.

Farsa oposición también se hace de la vista gorda

Como si no fuera suficiente con haber traicionado la ruta política de la líder María Corina Machado y de la Plataforma Unitaria, que aglutina a la gran masa de partidos que respaldaron la elección del Presidente Edmundo González Urrutia, una dirigencia encabezada por Henrique Capriles Radonski y Manuel Rosales formaron una alianza “perfecta” con las únicas dos tarjetas que se salvaron de la depuración que el régimen hizo al ecosistema de partidos en Venezuela.

A través de la alianza UNT-Única, tanto Rosales como Capriles, responsables respectivamente de ambas tarjetas, se han hecho de la vista gorda con una serie de irregularidades que han hecho de esta convocatoria un proceso sin garantías y con condiciones tan iguales o peores a las de la elección presidencial, aun así, han decidido participar muy a pesar del costo político que esto suponga.

Otras de las irregularidades que ha caracterizado el camino a estos considerados ilegítimos comicios regionales y parlamentarios, es el tarjetón electoral. De los 36 partidos a los que el régimen les permitió participar, el 44% han sido judicializados por el TSJ, es decir, 16 de ellos tiene alguna forma de vínculo con el madurismo a través de las jutas Ad Hoc designadas por el principal brazo ejecutor de la política intervencionista del madurismo.

Oferta electoral en la que no destaca la tarjeta más votada en la historia reciente del país, la de la Unidad, mejor conocida como la tarjeta de la manito, que ahora los cuestionados factores de oposición pretenden sustituir con la mencionada tarjeta exprés Unión y Cambio, inscrita por Capriles y Tomás Guanipa, también habilitados de manera selectiva por el régimen.

Guayana Esequiba, un nuevo estado que agregó al país el madurismo tras la disputa con Guyana y en aparente defensa de ese territorio, tendrá ocho diputados, más parlamentarios que otros dieciséis estados, pero que, además, serán votados en Bolívar y Amazonas y no en el propio territorio guyanés, como en teoría debería ser.

Doble postulaciones ¿La joya de la corona?

De manera inédita, aunque por un vacío legal en la ley de procesos electorales, estos comicios cuentan con una particularidad no vista antes. Quien aspire al cargo de gobernador podrá optar simultáneamente por un curul en la Asamblea Nacional, sin que la ley o el régimen lo impida.

Incluso, diversas fuentes afirman que esta figura de doble postulación es aprovechada por el madurismo para llevar sí o sí, a esta cuestionada oposición al parlamento nacional en un intento más de pasar la página del 28 de julio y el liderazgo que logró María Corina Machado desde la primaria de 2023.

En este sentido, todos los candidatos a gobernaciones a través de la alianza UNT-Única, también son candidatos “lista” a la asamblea nacional, es decir, quien resulte derrotado en la postulación regional pudiera terminar logrando un cargo de nivel legislativo en el parlamento.

Sin embargo, a pesar de esta cuestionada figura con pocos precedentes, la ley impide que quienes hoy son gobernadores puedan optar a esta doble postulación, caso Manuel Rosales en el estado Zulia, quien sólo podrá aspirar a la reelección en su entidad.