Tibisay Ramos vive en San Lorenzo, Paraguay, desde hace año y medio, pero la distancia no la libró de la tragedia: ella también es damnificada del doblete sísmico que sacudió la región centro-norte de Venezuela el 24 de junio y que se ensañó particularmente con su estado natal, La Guaira.
«Tenía un apartamento en Playa Grande, mi única propiedad, producto de todos mis años de trabajo», dice Ramos, de 63 años. El inmueble pasó de ser su hogar a su fuente de ingresos, pues desde que emigró lo puso en alquiler para cubrir sus necesidades en tierras paraguayas.
A consecuencia de los dos terremotos, que hasta la fecha han dejado 6.438 muertos, su edificio quedó inhabitable. Para atender la crisis, el régimen de Delcy Rodríguez convocó un «censo único de viviendas», que pretende recoger la data de los afectados con miras a ofrecer soluciones habitacionales.
Sobre el papel, suena razonable, pero en la práctica, tropieza con la misma burocracia de siempre.
Ramos le pidió a su hermano, a quien dejó un poder notariado para que la representara, que se trasladara a las oficinas del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat en Caracas para registrarla. El hombre fue este lunes 17 de agosto y chocó contra el muro burocrático levantado por el gobierno chavista.
«Le respondieron que no lo podían atender, que tenía que ir el propietario directamente», cuenta Ramos. Y no era el único en esa situación: «Como mi hermano, había otras 20 personas que fueron rechazadas con la excusa de que el trámite tenía que hacerlo el dueño del apartamento, aunque se encuentre en el exterior».
Con información de Infobae
En el aire
El testimonio deja en evidencia otro de los puntos débiles del plan anunciado por Delcy Rodríguez: la ausencia de respuesta a los venezolanos que residen en el exterior y que también resultaron afectados por el cataclismo. No es un detalle menor en un país del cual han salido en los últimos años unas 7,9 millones de personas, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
El último reporte oficial, publicado el 24 de julio, daba cuenta de un total de 17.907 damnificados y 23.811 personas ubicadas en 107 campamentos transitorios. Esta semana, la ministra de Vivienda de la dictadura, Paola Posani, declaró que habían registrado a más de 40 mil familias en el censo único, que reuniría a 128 mil personas, una cifra que crece, mientras miles de venezolanos en el exterior siguen sin poder sumarse a ella.
«Es un trato discriminatorio, no soy menos propietaria que quienes están viviendo allá», señala Ramos. «Yo me quiero censar, no para que den una vivienda, pues no pienso regresar a Venezuela, sino para tener un documento que me avale ante cualquier trámite futuro, además de que queda la titularidad del terreno donde está el edificio», aclara.
Nacida en La Guaira, Ramos considera «injusto que nos estén violando nuestros derechos fundamentales por no estar en Venezuela». «No dejamos de ser venezolanos por el hecho de salir del país», protesta.
Sin opciones
Al otro lado del Atlántico, en Madrid, Aimée Ceballos, de 44 años, comparte la misma inquietud. «Parece que los que estamos fuera del país no existimos o no tenemos derecho a nada», reclama Ceballos, quien emigró en 2016 para instalarse en la capital de España.
«Cuando comenzó el censo en Playa Grande, un familiar fue con mis documentos, pero no lo dejaron registrarme porque piden la huella dactilar del propietario», narra. La solución que le ofreció el funcionario que atendió a su pariente resulta, cuando menos, insólita: «que buscara a una persona que no se hubiera censado para que le ‘prestara’ su huella», algo que Ceballos descartó de inmediato.
Una vecina suya, también fuera del país, probó suerte con un amigo y fue «rebotada» con la excusa de que la diligencia debía hacerla un familiar directo. «Ella no tiene familiares directos porque fallecieron, yo igualmente perdí familiares y los que tengo en Venezuela son personas de la tercera edad que se han quedado sin viviendas y vehículos, y no pueden trasladarse a las oficinas en Caracas», detalla.
Ceballos sostiene que el gobierno «no nos puede obligar a ir a Venezuela para hacer los trámites», y recuerda que «muchos contaban con alquiler de su apartamento» para poder sobrellevar sus cargas económicas en el exterior.
«Esa es mi vivienda principal, la única que tengo en Venezuela, pero ahora no sabemos si los edificios son recuperables, pues cada inspector da una opinión distinta al respecto, ni qué pasará con los terrenos», expresa sin disimular su malestar y angustia.
«El hecho de que uno resida en otro país no significa que no estamos pendientes de Venezuela y de nuestra propiedad, que nos costó mucho adquirir», remata Ceballos.
