Un grupo de militares profesionales retirados de la Fuerza Armada Nacional e integrantes del Frente Institucional Militar (FIM) consideran que la coyuntura actual en Venezuela forma parte de una «ruptura del orden constitucional» y solicitando la activación de mecanismos para «restituir el Estado de Derecho». Estas figuras cástrales exigen una depuración del Consejo Nacional Electoral, Registro de votantes y la liberación de los presos políticos.
El presidente del Frente Institucional Militar es el General de Brigada (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt; vicepresidente, GB (Ej) Teodoro Díaz Zavala; secretario de Organización, GB (GN) Rafael Vera Ruiz. Los que representan a los componentes son el GB Juan Ferrer Barazarte por el Ejército; Contralmirante Elías Buchzser Cabriles por la Armada; GB Eduardo Arturo Caldera Gómez por la Aviación y GB Simón Figuera Pérez por la Guardia Nacional.
El FIM recuerda que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo venezolano, como lo señala el artículo 5 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, señalando que fue vulnerada el pasado 10 de enero del 2025, cuando la Asamblea Nacional Chavista juramentó al dictador Nicolás Maduro, el ente parlamentario optó por “omitir la juramentación de quien fuera electo por mayoría absoluta”, refiriéndose al opositor Edmundo González Urrutia.
Los militares en retiro, algunos exministros de Defensa y excomandantes de componentes de la institución armada, cuestionan la legitimidad de quien actualmente ejerce el poder, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, sosteniendo que “la ruptura del orden constitucional requiere una corrección inmediata, especialmente ante la incapacidad fáctica y jurídica de quien pretende ejercer un mandato ilícito”.
Con información de Infobae / Sebastiana Barráez
Por ello plantean la imperiosa necesidad del “reconocimiento nacional e internacional de la voluntad popular, la cual puede ser reafirmada mediante un nuevo proceso electoral”. Como condición, el FIM solicita que la conducción del proceso recaiga en una directiva del ente rector de las elecciones “absolutamente imparcial”. En su pronunciamiento, sostiene que los rectores no deberían tener ni haber tenido militancia partidista ni afinidades políticas públicas.
El FIM propone una actualización integral del padrón electoral y pide medidas para garantizar el derecho al voto de la diáspora. También solicita la habilitación de ciudadanos afectados por medidas administrativas que considera arbitrarias. Denuncian afirman que persisten acciones de persecución policial y judicial contra personas vinculadas a la defensa de los valores democráticos “frente al régimen que ha oprimido a la sociedad venezolana durante las últimas tres décadas” por lo que piden el cese de esos procedimientos.
Libertad para sus compañeros
El FIM es una organización con 26 años de creada, que integra a 241 militares en situación de reserva o retirados, con 24 generales de División; siete Vicealmirantes; 38 generales de Brigada; doce Contralmirantes; 66 coroneles; 10 capitanes de Navío; 25 tenientes coroneles; nueves capitanes de Fragata; once Mayores; dos capitanes de Corbeta; 17 capitanes; seis tenientes de Navío; tres primeros tenientes; tres tenientes de Fragata; y ocho tenientes del Ejército, la Aviación y la Guardia Nacional.
Son enfáticos ante “cualquier pretensión de “transición” mientras persista la existencia de presos políticos o de conciencia”, aseverando que no serían necesarias leyes de amnistía para quienes “actuaron en defensa de la Constitución, según los artículos 333 y 350”, por lo que consideran que su libertad “es un acto de justicia, no de gracia”.
El pronunciamiento pide la liberación “absoluta e incondicional” de más de 200 militares detenidos, destacando que son “compañeros de armas, víctimas de torturas y tratos degradantes en los centros de reclusión del régimen”. Asimismo, solicita garantías de seguridad para el retorno de los miles de exiliados que salieron del del país por motivos políticos.
