(Redactado por David Gallardo) La relación entre Venezuela y China en las últimas dos décadas se ha caracterizado por ser excepcionalmente compleja, beneficiando principalmente a la corrupción dentro de Venezuela y al estado chino, en particular a los allegados de la dictadura venezolana y a los contratistas favorecidos por el Partido Comunista Chino. Este vínculo se forjó como una estrategia del gobierno de Hugo Chávez para distanciarse de las influencias estadounidenses, alineándose con su retórica antiimperialista. Para China, Venezuela representó un punto de entrada estratégico en América Latina, región que experimentaba un auge de gobiernos socialistas afines a Chávez.
Desde el punto de vista contractual, la asociación bilateral se ha centrado en el petróleo venezolano como medio de pago por los préstamos otorgados por China desde inicios del siglo XXI. Investigaciones de Transparencia Venezuela revelan que, entre 2007 y 2016, Venezuela recibió préstamos chinos por un valor de 62.146 millones de dólares, representando el 44,04% del total de préstamos otorgados por China a América Latina. Contrario a lo esperado, estos fondos no se destinaron exclusivamente a fortalecer la industria petrolera, sino que se dispersaron en proyectos de infraestructura diversa, siendo la petrolera estatal PDVSA el principal deudor.
La opacidad en la gestión de estos contratos ha sido un terreno fértil para la corrupción, dificultando el acceso a información detallada y permitiendo prácticas corruptas en todos los niveles del proceso, desde el prestamista hasta el contratista. Según el portal vendata.org de Transparencia Venezuela, de los 486 acuerdos entre Venezuela y China, solo un 12,75% cuenta con información completa, mientras que un 64,81% tiene referencias mínimas.
Esta relación también ha impuesto a Venezuela obligaciones colaterales que trascienden lo económico, incluyendo cláusulas diplomáticas que obligan al país sudamericano a respaldar a China en foros internacionales, especialmente en temas sensibles como los derechos humanos y la soberanía sobre Taiwán. Estas demandas subrayan cómo China utiliza su influencia crediticia para afianzar su posición geopolítica global.
Por otro lado, el uso del petróleo como método de pago plantea interrogantes sobre las condiciones y el precio acordado para el crudo venezolano, reflejando una dinámica de poder desequilibrada que favorece a China. Este escenario no solo afecta la economía venezolana sino que también tiene implicaciones para la soberanía y la independencia del país.
En resumen, la relación Venezuela-China es un reflejo de las complejas dinámicas globales actuales, donde la economía, la política y la diplomacia se entrelazan de manera que beneficia a ciertos actores mientras deja a otros en posiciones vulnerables. Este vínculo, marcado por la corrupción, la falta de transparencia y las repercusiones geopolíticas, plantea desafíos significativos tanto para Venezuela como para la comprensión internacional de las relaciones bilaterales en el siglo XXI.
Contrato / 合同
Las relaciones bilaterales entre China y Venezuela tienen sus cimientos en el petróleo del país sudamericano, pues este es la forma de pago de los préstamos que se hicieron desde principios de este siglo hasta hoy.
Según investigaciones realizadas por la ONG Transparencia Venezuela, los préstamos que China le dio a Venezuela en el período 2007-2016 alcanzaron los 62.146 millones de dólares, cifra que significa el 44,04% del total de los préstamos otorgados por China a los países de América Latina en ese lapso.
A pesar de que Venezuela tendría el petróleo como la principal forma de pago sobre estos préstamos, eso no quiere decir que dicho dinero estaría enfocado «solo en reforzar» la industria petrolera. Al contrario, casi todo el dinero estaría destinado a financiar obras de infraestructura, transporte, comunicaciones, electricidad y agricultura. El deudor fundamental: la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Estos préstamos se realizaron bajo dos fondos de inversiones. El primero, el Fondo de Financiamiento Conjunto Chino Venezolano (FCCV) y el segundo, el Fondo de Financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo (FGVLP).
Empezar a descifrar estos contratos y estos préstamos es de gran dificultad pues el acceso a la información es muy limitado. La falta de transparencia obviamente facilitó la corrupción en todos lados, quien prestaba, quien pagaba, quien contrataba y quien construía y no entregaba.
El portal web vendata.org de Transparencia Venezuela, que siguió hasta donde pudo este enredo de contratos, préstamos y corrupción muestra que Venezuela y China tienen un total de 486 acuerdos, pero solo se cuenta con información completa de 62 de ellos (12,75%), otros 109 (22,42%) tienen datos parciales mientras que 315 (64,81%) cuentan con escasas referencias muchas de ellas solo el nombre.
Entonces, Venezuela emprendió un proceso de acercamiento a China en varios niveles, iniciando por el plano ideológico. La firme adhesión de Hugo Chávez al discurso antiimperialista le impedía, paradójicamente, criticar abiertamente al FMI mientras solicitaba sus préstamos. Esta contradicción refleja la complejidad de la diplomacia venezolana, que buscaba mantener una postura firme ante Estados Unidos y sus instituciones financieras, sin cerrar completamente las puertas a las ayudas económicas externas.
En el ámbito del derecho internacional, la situación de Venezuela presentaba un delicado equilibrio. Ser un país en mora con el FMI podría generar consecuencias legales adversas, complicando las relaciones diplomáticas y económicas con otras naciones. Estas consideraciones ponían a Venezuela en una posición difícil, necesitada de aliados dispuestos a invertir a pesar de su deuda. Sin embargo, el país contaba con un recurso valioso que le daba una ventaja única: las mayores reservas de petróleo del mundo.
La disposición de China a financiar a Venezuela, a cambio de garantías sobre sus hidrocarburos, creaba una relación de beneficio mutuo. No obstante, la falta de transparencia en los términos contractuales ocultaba los verdaderos costes para Venezuela, que iban más allá del préstamo mismo. Estos costes incluían tasas de interés elevadas, penalizaciones por retrasos en los pagos y posibles consecuencias diplomáticas y comerciales negativas.
La relación con China, sin embargo, no estaba exenta de riesgos para el gigante asiático. Los reiterados retrasos en los pagos por parte de Venezuela, la decreciente producción de petróleo y la corrupción endémica representaban un desafío significativo. Los contratos firmados con China, que a menudo incluyen cláusulas rígidas, obligan a Venezuela a mantener una alianza estrecha con China, incluso cuando hacerlo implica compromisos políticos y económicos significativos.
Las condiciones impuestas por China para la concesión de préstamos se centran menos en la reforma de políticas públicas en el país receptor y más en la promoción de intereses económicos chinos. Esto se traduce en la obligación de contratar empresas chinas para proyectos financiados con estos préstamos, adquirir productos chinos, lo cual añade un coste adicional no previsto inicialmente en el préstamo. Además, China exige el reconocimiento del principio de «una sola China», lo que implica el no reconocimiento de Taiwán y Tíbet como territorios independientes, y la firma de acuerdos de confidencialidad que aumentan el riesgo de corrupción. Este conjunto de demandas asegura a China no solo un retorno económico sino también un apoyo geopolítico en el escenario mundial.
Comienzo desastroso / 灾难性的开始
Durante la presidencia de Hugo Chávez, Venezuela inició una serie de acuerdos económicos con China, marcando una era de intensa colaboración entre ambos países. Chávez, con su carismática presencia y su visión del Socialismo del Siglo XXI, apostó por un ambicioso préstamo del gigante asiático, confiando en que la robusta producción petrolera venezolana facilitaría su devolución. Sin embargo, esta expectativa no se materializó como se esperaba, revela un informe de ArmandoInfo.
A pesar de la disminución en la producción de petróleo, los acuerdos entre Venezuela y China no solo continuaron sino que se intensificaron entre 2010 y 2013, con la firma de contratos multimillonarios. Edmée Betancourt, al frente del Banco de Desarrollo de Venezuela (Bandes), y Rocío Maneiro, embajadora en China, lideraron estas negociaciones, aunque rápidamente perdieron el control sobre el flujo del dinero, en un contexto marcado por una corrupción rampante.
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La administración Chávez, convencida de la perpetuidad de la bonanza petrolera, se embarcó en 675 proyectos valorados en 313.400 millones de dólares, sin prever las complicaciones futuras. La relación entre Betancourt y Maneiro, encargadas de manejar la delicada relación con China, se tensó ante las exigencias de certeza y cumplimiento por parte de los socios chinos, quienes mostraban su frustración ante la falta de seriedad y profesionalismo del gobierno venezolano.
La negociación del fondo bilateral estuvo plagada de incertidumbres, sin enfocarse en construir una base sólida de confianza comercial. Venezuela, urgida por el capital, y China, preocupada por la capacidad de ejecución de los proyectos, encontraron dificultades para establecer normas y procedimientos claros que guiaran la ejecución de los desembolsos y contrataciones.
A pesar de los desafíos y las críticas por la falta de profesionalismo de Venezuela, los acuerdos continuaron, impulsados por un interés mutuo: Venezuela ofrecía a China una puerta de entrada a Latinoamérica y sus recursos naturales, presentando una oportunidad atractiva para el gigante asiático de expandir su influencia en la región. Este vínculo, aunque marcado por controversias, subraya la importancia estratégica de la relación bilateral en el tablero geopolítico global.
China quiere hierro / 中国想要铁
Durante un periodo en el que Hugo Chávez disfrutaba de un poder casi absoluto en Venezuela, con el respaldo de un gobierno y un parlamento alineados a su ideología y una oposición marginada de cualquier influencia significativa, Venezuela emprendió una estrategia económica audaz con China. En 2009, el gigante asiático concedió a Venezuela un préstamo de 1.000 millones de dólares, que sería reembolsado no solo con petróleo, sino también mediante el hierro, implicando a la empresa estatal CVG Ferrominera Orinoco. Esta debía suministrar 42,96 millones de toneladas de mineral de hierro a la corporación siderúrgica Wuhan Iron and Steel Corporation (Wisco) durante los siguientes ocho años.
Chávez, confiado en su autoridad, avaló este acuerdo pese a las señales de alarma sobre la viabilidad de cumplir con estos compromisos, dados los retos inminentes en la producción de hierro. Según ArmandoInfo, el acuerdo se firmó en un momento particularmente delicado para la industria venezolana del hierro, cuya producción ya estaba en declive, exacerbando las dificultades para satisfacer las obligaciones del acuerdo. El precio acordado con China representaba un descuento significativo frente al valor de mercado del hierro en ese momento, lo que sugería un riesgo elevado de incumplimiento por parte de Venezuela, riesgo que efectivamente se materializó.
La entrega inicial, programada para octubre de 2009, sufrió retrasos, aunque Venezuela finalmente cumplió con el envío de 460 mil toneladas de hierro en el primer semestre de 2010. Aun así, los objetivos establecidos para ese año eran mucho más ambiciosos y pronto se demostró que eran inalcanzables, revelando la falta de capacidad operativa y logística de CVG Ferrominera para cumplir con un compromiso de tal envergadura. Este incumplimiento puso de manifiesto las limitaciones estructurales y los desafíos logísticos que enfrentaba Venezuela, incluyendo la necesidad de reparaciones críticas en infraestructura vital como el buque Río Caroní, sin disponer de los recursos financieros necesarios.
Este escenario evidenció no solo la ambición desmedida del acuerdo sino también la vulnerabilidad de Venezuela ante compromisos internacionales complejos, revelando una brecha significativa entre las expectativas optimistas y la realidad operativa y logística del país.
¿Quién paga? ¿Quién roba? / 谁付钱？谁偷窃？
Los créditos otorgados por la República Popular China a Venezuela, a través de mecanismos como el Fondo Chino-Venezuela (FCCV) y el Fondo Gran Volumen Largo Plazo (FGVLG), constituyen una obligación legal directa del Estado venezolano. Esto implica que la deuda está respaldada por una garantía soberana, lo que significa que, aunque las entidades como Bandes y PDVSA figuran como responsables en los contratos, en caso de incumplimiento de las obligaciones financieras, la responsabilidad recae en el Gobierno Central. Este último, encargado de la recaudación de impuestos a nivel nacional, se enfrenta a una capacidad limitada de pago mediante los ingresos tributarios anuales debido a la contracción económica impulsada por las políticas gubernamentales de las últimas dos décadas.
Las estrategias económicas implementadas durante el periodo del chavismo y madurismo han mermado significativamente la base económica del país, lo que razonablemente conduce a una disminución en la capacidad de recaudación tributaria año tras año. Según Transparencia Venezuela, la economía, en vez de diversificarse, ha incrementado su dependencia de las exportaciones petroleras, mientras que las medidas gubernamentales han asfixiado al sector privado mediante regulaciones, expropiaciones, nacionalizaciones y reformas laborales, contribuyendo al colapso de este y complicando el incremento de la carga tributaria. Este contexto ha llevado a que, para 2018, se necesitara un monto equivalente a 18,75 veces los ingresos fiscales ordinarios para cubrir las obligaciones de deuda.
A pesar de la intención de utilizar los ingresos fiscales para el pago de la deuda con China, la realidad financiera del país entre 2007 y 2017 muestra que el saldo de la deuda externa del Gobierno Central representó el 99,3% de los ingresos tributarios, con una proporción aún más alarmante respecto a los ingresos fiscales no petroleros, que en promedio alcanzó el 134,1%. Para 2018, esta relación se disparó significativamente, evidenciando una insostenibilidad fiscal exacerbada por la liberalización del mercado cambiario y la disminución de la recaudación tributaria. Aunque no existen datos verificables de los ingresos fiscales para los años 2019-2021, es plausible afirmar que la proporción de la deuda respecto a los ingresos fiscales ha seguido aumentando, complicando aún más la situación debido a los incumplimientos del gobierno en sus compromisos de deuda, la caída de la producción nacional y el aumento de la economía informal.
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A pesar de que la deuda con China representó un 531% de los ingresos internos en 2018, el régimen de Nicolás Maduro ha intentado minimizar el impacto directo del servicio de la deuda en la ciudadanía a través de la tributación. No obstante, las repercusiones se han manifestado indirectamente en la contribución a la hiperinflación, el deterioro de los servicios públicos, y la erosión de la calidad de vida y del aparato productivo nacional. Según Transparencia Venezuela, esta situación impone una carga fiscal elevada para las generaciones presentes y futuras, que enfrentan limitaciones en el acceso a servicios esenciales financiados por el Estado.
El financiamiento recibido de China, aunque significativo, ha impactado negativamente en el Tesoro Nacional venezolano, al desviar recursos que de otro modo habrían contribuido a los presupuestos nacionales para cumplir con los compromisos del FCCV y FGVLG de manera discrecional. Este enfoque ha tenido consecuencias directas en las importaciones esenciales para la población venezolana, con una drástica reducción en la importación de alimentos y medicinas entre 2013 y 2016, exacerbando una crisis de escasez y deterioro en la prestación de servicios de salud.
El procedimiento de aprobación de estos préstamos ha violado diversas leyes nacionales, incluyendo la Constitución y la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, al omitir la Ley Especial de Endeudamiento Anual que establece límites prudenciales al endeudamiento. Esta situación no solo ha exacerbado la crisis económica en Venezuela, sino que también ha facilitado actos de corrupción por parte de los gobiernos de Chávez y Maduro, quienes han abusado de su poder económico a través de fondos paralelos y la gestión discrecional de recursos, en un contexto donde la falta de transparencia y disciplina fiscal ha sido incentivada por las condiciones de los préstamos chinos.
Pdvsa / Pdvsa
Las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han instrumentalizado a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) como una fuente de financiamiento clave para sus programas sociales y proyectos gubernamentales, enmarcados dentro de sus políticas socialistas y prácticas cuestionables. La estatal petrolera no solo ha sido el soporte financiero de numerosas iniciativas estatales, sino también la garantía de los compromisos internacionales, incluyendo los contraídos con la República Popular China.
En el año 2012, es notable que el desembolso destinado al ámbito social por parte de Pdvsa superó incluso al gasto operativo de la empresa, evidenciando la intensa presión financiera impuesta sobre la entidad. Esta responsabilidad se extendió a la obligación de Pdvsa de satisfacer los acuerdos suscritos por el Ejecutivo Nacional, especialmente aquellos acordados con China, los cuales han exigido a la petrolera venezolana incrementar su producción mediante la firma de contratos adicionales. Estos acuerdos suplementarios, lejos de aliviar las cargas, han perpetuado el ciclo de pagos mediante la entrega de petróleo crudo.
La creación de empresas mixtas, surgidas bajo estos contratos adicionales con el propósito de potenciar la exploración, explotación y refinación del petróleo y gas, representó una estrategia que contó con la colaboración de entidades chinas para mejorar la infraestructura y logística del sector petrolero venezolano. Sin embargo, la efectividad de estas alianzas ha sido cuestionable. Sinovensa, destacada dentro de este esquema de colaboración sino-venezolano por recibir una significativa inversión, ha mostrado un decremento anual en sus niveles de producción, lo que refleja las dificultades intrínsecas de estas empresas mixtas.
Para el año 2019, la producción petrolera en las empresas con participación china se redujo a apenas el 31% de su capacidad instalada, marcando un declive que se ha acentuado desde 2013, cuando la producción cayó drásticamente de 3,14 millones a 494 mil barriles diarios en 2020. Esta disminución en la producción petrolera, aunque exacerbada durante la gestión de Maduro, tiene sus raíces en el paro petrolero de 2003, siendo la ineficacia administrativa y la falta de pericia técnica las causales principales del deterioro progresivo de Pdvsa.
La volatilidad de los precios del crudo entre 2014 y 2016 profundizó la crisis financiera de Pdvsa, llevándola a incrementar su endeudamiento con el Banco Central de Venezuela (BCV) para cumplir con sus operaciones y obligaciones gubernamentales. Entre 2016 y 2018, China concedió a Venezuela un período de gracia para el pago de intereses; sin embargo, la persistente crisis en el sector petrolero venezolano limitó las exportaciones hacia el gigante asiático, subrayando la compleja interdependencia entre las políticas internas y los compromisos externos.
Expertos / 专家
La dinámica de las relaciones entre Venezuela y China representa un desafío incluso para expertos en la materia, dada su complejidad y las múltiples variables involucradas. En este contexto, se consultó a especialistas en la relación bilateral para esclarecer cuestiones relevantes tanto para ciudadanos venezolanos como para observadores internacionales interesados. A casi quince años del inicio de los préstamos chinos a Venezuela, una pregunta persiste en la mente de muchos: ¿cuál es el saldo actual de la deuda de Venezuela con China?
A pesar de las dificultades, un aspecto positivo resaltado por los especialistas es la consistencia de Venezuela, bajo las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en el cumplimiento de sus obligaciones financieras con China. Antonio de la Cruz, especialista venezolano en economía petrolera y presidente de Inter American Trends, enfatiza la regularidad con la que Maduro ha hecho frente a los pagos, ajustándose a los términos del préstamo y la cantidad de barriles de petróleo asociados. De la Cruz estima que Venezuela aún adeuda a China aproximadamente 10.500 millones de dólares, cifra corroborada por Parsifal D’Sola, director ejecutivo de la Fundación Andrés Bello, una organización independiente enfocada en el análisis de las relaciones entre China y América Latina.
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La cuestión de las renegociaciones de la deuda surge como un tema nebuloso, con detalles específicos y términos que permanecen fuera del alcance público, lo que sugiere una transparencia limitada en estas operaciones. D’Sola señala la existencia indudable de renegociaciones, aunque los términos exactos permanecen ocultos, accesibles únicamente para un círculo cerrado dentro del gobierno venezolano.
En cuanto al precio del petróleo utilizado como método de pago por Venezuela a China, se indica que este varía según las circunstancias del mercado y los acuerdos específicos entre ambos países. De la Cruz ilustra que, mientras que en el mercado internacional China puede pagar el precio estándar, en el contexto de los préstamos a Venezuela, el precio acordado por barril tiende a ser inferior. Este arreglo refleja la compleja dinámica de poder y negociación entre los dos países, con implicaciones significativas para la economía venezolana.
Además, se discuten las obligaciones colaterales que Venezuela debe asumir hacia China como parte de los contratos firmados, que trascienden lo puramente económico e incluyen cláusulas diplomáticas y de influencia geopolítica. Agustín Barletti, periodista, editor y abogado argentino, expone cómo China busca el apoyo de sus deudores en foros internacionales, particularmente en temas sensibles como los derechos humanos y la soberanía de Taiwán. Este aspecto revela la estrategia de China para fortalecer su posición global, utilizando la deuda como herramienta de influencia política.
Por otro lado, la inclusión de Venezuela en el grupo BRICS se aborda como una cuestión aparte, con implicaciones geopolíticas que van más allá de la relación bilateral con China. De la Cruz sugiere que, aunque la relación Venezuela-China es primordialmente comercial, la adhesión de Venezuela a los BRICS dependería de la geopolítica regional y las decisiones de otros miembros del bloque, destacando el rol de Brasil en la promoción de candidaturas para el grupo.
En resumen, la dinámica de las relaciones bilaterales entre Venezuela y China, marcada por la complejidad y el desafío que representa para los analistas, revela profundas implicaciones tanto económicas como geopolíticas. A casi quince años del comienzo de los préstamos chinos a Venezuela, persiste una interrogante crucial sobre el saldo actual de la deuda venezolana, situada aproximadamente en 10.500 millones de dólares según expertos. A pesar de las dificultades económicas, Venezuela ha mostrado una consistencia notable en el cumplimiento de sus obligaciones financieras hacia China, reflejando un compromiso con los términos acordados en los préstamos, especialmente a través de pagos con petróleo.
Las renegociaciones de la deuda, aunque confirmadas, se mantienen como un tema envuelto en opacidad, lo que subraya la falta de transparencia en los acuerdos financieros entre Venezuela y China. Esta situación destaca la complejidad y la discreción con que se manejan estas relaciones financieras, accesibles solo a un círculo cerrado dentro del gobierno venezolano.
La dinámica de poder y negociación entre Venezuela y China se evidencia también en el arreglo del precio del petróleo utilizado como método de pago, que tiende a ser inferior al precio de mercado, reflejando las condiciones particulares de los acuerdos bilaterales. Este aspecto subraya la influencia de China en la economía venezolana y las complejas negociaciones que definen la relación bilateral.
Más allá de lo económico, las obligaciones colaterales impuestas a Venezuela, que incluyen cláusulas diplomáticas y de influencia geopolítica, revelan la estrategia de China para expandir su influencia global a través de la deuda. El apoyo de Venezuela a China en foros internacionales, especialmente en temas como los derechos humanos y la soberanía de Taiwán, evidencia cómo la deuda se convierte en una herramienta de influencia política para China.
La potencial inclusión de Venezuela en el grupo BRICS, si bien es una cuestión aparte, destaca las implicaciones geopolíticas de la relación Venezuela-China que trascienden lo bilateral. Esta adhesión dependería de la geopolítica regional y las decisiones de otros miembros del bloque, subrayando cómo las dinámicas globales y regionales influyen en la relación entre estos dos países.
En conclusión, la relación entre Venezuela y China, caracterizada por su complejidad económica, política y geopolítica, ilustra no solo el desafío que representa para los analistas, sino también las profundas implicaciones para la soberanía, la economía y la posición global de Venezuela. Esta relación bilateral, enmarcada en un contexto de obligaciones financieras, acuerdos opacos y estrategias de influencia geopolítica, continúa siendo un campo de estudio crucial para entender las dinámicas contemporáneas de poder global.
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Resultado / 結果
La relación entre China y el Chavismo/Madurismo ha sido totalmente desastrosa y casi mortal para Venezuela, sobre todo para los ciudadanos que se han visto obligados a convivir con la miseria y con una reducción de calidad de vida que continúa mermando sus estatutos.
Si existe un sector beneficiado sería el corrupto, que se aprovechó de los proyectos bilaterales y de los préstamos chinos para realizar contrataciones fraudulentas y así desviar los fondos que estarían destinados a la innovación y mejoramiento de muchas zonas productivas de Venezuela.
Solo hace falta revisar cada sector productivo de Venezuela para notar desde la superficie los horrores que ha cometido el Socialismo del siglo XXI: Una completa falacia política.
Dos ejemplos fuera de todos los anteriores para comprobar la corrupción chavista y madurista sería el desastre eléctrico y la generación de los «Bolichicos», dos casos terribles que han sumergido de forma sinérgica a Venezuela en una completa crisis socioeconómica.
Los mal llamados «bolichicos» no son otra cosa que la generación de personas que se hicieron millonarios en el periodo del presidente fallecido Hugo Chávez a través de contrataciones estatales.
Muchas de estas contrataciones serían para la reestructuración, mantenimiento e innovación del sector eléctrico, que empezaba a tener problemas para la prestación del servicio.
Un ejemplo de esto es la empresa Derwick, dedicada a la construcción de plantas de generación eléctrica, centrales hidro y termo eléctricas, que los bolichicos usaron para obtener 12 contratos en Venezuela entre el 2009 y el 2010.
Esta empresa estuvo envuelta en diferentes escándalos que cubrían un espectro de sobornos y entrega materiales irregulares para la restauración de turbinas eléctricas.
Otro ejemplo de la incompetencia chavista/madurista para la restauración del sector eléctrico venezolano fue la planta eléctrica Batalla de Santa Inés
«La refinería le costó 2.310 millones de dólares al Estado venezolano y debió inaugurarse en 2016. Pero, en cambio, los equipos se usaron para reparar la Unidad de Solventes de la refinería El Palito, la segunda más importante del país, ubicada en Carabobo, según informó Pdvsa en 2019. La planta eléctrica sí fue culminada e inaugurada en 2017, pero nunca operó al 100% de su capacidad: de 105 megavatios instalados, lo más que llegó a generar fueron 45 megavatios y, para febrero de 2021, solo generaba 15. Hoy la planta está fuera de servicio por la escasez de combustible, según reportes de la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) filtrados para esta investigación.», detalla el portal Connectas.org
Las relaciones entre Corpoelec y Pdvsa lograron contratar a las empresas Sinohydro Corporation Ltd, China Camc Enginneering y China Machinery Engineering Corporation para construir esta platan eléctrica, aparte de otras cuatro termoeléctrica más por un monto de 4.856,9 millones de dólares, pero para mediados del 2021, estas unidades no servían para nada.
Las cinco termoeléctricas y la refinería son proyectos que se ejecutaron bajo los acuerdos entre China y Venezuela. La ONG Transparencia Venezuela, en un informe publicado en 2020, calculó que en el marco de esta relación bilateral se invirtieron 68.678,21 millones de dólares entre 1999 y 2019, que no pasaron por los filtros de contraloría que establece la legislación venezolana.
