Venezuela es un país donde la minería ilegal está llena de violencia, ecocidio y corrupción, la deforestación al sur del país es cada día mayor.
Esto lo llevan grupos armados, guerrilleros del ELN, FARC, colectivos y por supuesto el régimen y sus piezas chavistas con poder.
Al sur de Venezuela, específicamente en el estado Bolívar, se encuentran varias minas, hombres y mujeres se trasladan a esta zona para sacar las riquezas del país como el oro, plata, entre otros.
En medio de una deteriorada y severa crisis económica y humanitaria en Venezuela, la industria minera ilícita se encuentra en su mayor potencia.
Todas operadas por grupos criminales que utilizan la violencia y el terror, las minas ilegales están no sólo desplazando a los Pueblos Indígenas, sino que han desatado la destrucción ambiental.
Las ganancias obtenidas sostienen al régimen de Nicolás Maduro y contribuyen a la corrupción global.
Todos ganan, nadie pierde
Cada quien se lleva un porcentaje por extraer ilegalmente riquezas de estas tierras. Durante casi una década, funcionarios del gobierno venezolano se han beneficiado de la minería ilegal para sobornar y obtener otras ganancias ilícitas que han servido de salvavidas para el régimen de Maduro.
A nivel internacional, las operaciones ilegales de oro de Venezuela han permitido al régimen de Maduro fortalecer las alianzas estratégicas con otros gobiernos corruptos para evadir conjuntamente las sanciones internacionales.
Turquía y los Emiratos Árabes Unidos se encuentran entre los principales beneficiarios del oro venezolano, también es bien conocido que Irán y Rusia ofrecen un puerto seguro a la riqueza ilícita venezolana; todos estos países están clasificados como «No Libres».
En los últimos días, el régimen de Maduro ha montado una pantalla para quedar bien sobre el tema de la minería ilegal que ellos mismos permitieron y de donde se lucran.
En una instrucción girada al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), Nicolás Maduro, ordenó intensificar los esfuerzos para supuestamente “limpiar de minería ilegal y destructiva todos los parques nacionales y la Amazonía”.
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La orden
Responde al reciente desmantelamiento de 28 estructuras de alojamiento y depósitos con materiales logísticos (25 motores, 14 plantas eléctricas, 13 bombas, cables, mangueras, tuberías de PVC, moledoras de piedras y sierras eléctricas) destinados a la minería ilegal en el Parque Nacional Cerro Yapacana, ubicado en el estado Amazonas, en el contexto de la Operación Autana.
En plena operación, la hija de un capitán indígena de la zona informó que las máquinas utilizadas para la minería ilegal pertenecían al jefe de la operación llevada a cabo. Posteriormente, según la joven, fue obligada a realizar un video ofreciendo disculpas por las acusaciones, a las horas denuncia que fue amenazada y obligada a retractarse.
Según la organización SOS ORINOCO, el Amazonia existen al menos 117 pistas ilegales, 1608 casos de violencia, entre ellos la aplicación de la ley por casa, los grupos armados, guerrilleros o cualquier persona con poder en las minas no aceptan infiltrados, ni cooperantes, los ejecutan o los motilan.
La minería ilegal es uno más de la violación de los derechos en Venezuela, poblaciones sometidas a continuos abusos
