Recientemente el Colegio Nacional de Periodistas denunció que el régimen de Nicolás Maduro ha estado implementando un nuevo patrón de censura que hasta el momento ha generado que al menos trece trabajadores de la prensa hayan estado tras las rejas, incluyendo a una de sus últimas víctimas, la periodista Carmela Longo que fue presentada ante tribunales y luego excarcelada, uno de los tantos casos que reflejan el riesgo que significa ejercer la comunicación social en Venezuela.
Desde el 29 de julio, un día después de los cuestionados comicios presidenciales, el régimen madurista desató una ola represiva que ha mantenido a los venezolanos con un temor permanente a decir, o hacer algo que la dictadura considere contrarrevolucionario o «fascista», confinando el derecho de expresión contemplado en la Constitución como si se tratara de una pandemia, en la que los periodistas se han convertido en los pacientes más vulnerables por tratarse de información la única arma que manejan, algo que molesta al poder, aún más cuando acaban de perpetrar un fraude electoral.
Una decena de periodistas tras las rejas
La cifra de periodistas detenidos luego de la elección presidencial es considerablemente alta si se toma en cuenta que apenas ha pasado poco más de un mes desde los comicios, hasta entonces, son al menos 10 los comunicadores sociales que han sido criminalizados por la justicia que en la mayoría de los casos ha imputado terrorismo e instigación al odio.
«Estamos en total riesgo, como hemos venido observando hay un patrón donde se detiene a un periodista por el hecho de estar informando e inmediatamente se recurre a las imputaciones bajo los delitos de terrorismo e instigación…» señaló Edgar Cárdenas, secretario general del CNP seccional Caracas, desde donde han recibido decenas de denuncias de amedrentamiento y amenazas por parte de periodistas, incluso de trabajadores del canal del Estado (VTV) con la condición de mantener el anonimato.
Caso Carmela Longo: “Alguien pidió su cabeza…”
El caso más reciente que preocupó incluso a la comunidad internacional fue la detención de la periodista de farándula Carmela Longo, quien fue presentada ante un tribunal con competencia en terrorismo y posteriormente excarcelada con medidas cautelares, un caso que desde la colegiatura nacional intuyen pudo tratarse de una orden de algún alto funcionario del régimen que «pidió su cabeza», como muchos otros casos políticos en el país, un patrón que ya pudiera estarse aplicando también con periodistas.
Poca exposición en pantalla, sin firmar las notas que sean procesadas, siempre acompañado, compartiendo la ubicación (GPS) a un familiar o a una persona de confianza justo al momento de salir del lugar de la pauta, son algunas de las medidas de seguridad que han tenido que incluir los periodistas en su dinámica diaria, como si informar se tratara de un delito tipo penal; y como si supieran que en cualquier momento pueden ser la próxima víctima de la dictadura.
