(Redacción por David Gallardo) La Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (AIAMP) ha invitado al fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, al Encuentro Iberoamericano de Fiscales Generales, donde se hablara de la protección de ministerios públicos y de Derechos Humanos.
La AIAMP fue una asociación que se creó para defender las autonomías de los Ministerios Públicos, de la cual Venezuela dejó de ser miembro en el 2017 cuando Nicolás Maduro decidió intervenir la fiscalía.
En su momento, la asociación se mostró «inquieta y preocupada» de dicha intervención, por lo cual emitió un comunicado en el 2017 con el siguiente texto:
La Asamblea de la AIAMP declara su inquietud y preocupación ante la actual representación en la plenaria de la Fiscalía de Venezuela, tal y como previamente se comunicó a la Presidencia en la carta remitida por varios Ministerios Públicos el 6 de noviembre de 2017, solicitando que se informara a Venezuela de los previos pronunciamientos de la AIAMP y reafirmando nuestra convicción sobre la falta de legitimidad de su nombramiento.
Tras la discusión abierta sobre la situación de la actual representación de la Fiscalía de Venezuela, esta Asamblea ratifica los principios y llamamiento al respeto a la autonomía e independencia recogidos en las declaraciones realizadas sobre el tema y expresamente la acordada en Buenos Aires el 13 de Julio de este año en la asamblea extraordinaria convocada precisamente en relación con la situación que atraviesa el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela
Tarek William Saab hablando de Derechos humanos en la AIAMP
El fiscal del régimen de Maduro, Tarek William Saab, tendrá la oportunidad de hablar sobre Derechos Humanos en esta conferencia que tomará lugar en Punta Cana, República Dominicana, el próximo 27 y 28 de julio, aunque se desconoce que visite el país o haga acto de presencia a través de alguna plataforma de videollamada.
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Tarek William Saab es una figura controversial dentro de Venezuela, representa el brazo ejecutor de persecuciones políticas y quien de una u otra forma usa la ley para justificar detenciones o injusticias desde el Ministerio Público venezolano.
Actualmente el régimen de Nicolás Maduro está enfrentando una investigación por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) por tener un sistema que garantiza y provoca crímenes de Lesa Humanidad, siendo los más de 300 presos políticos la prueba fehaciente de esta situación.
