El fiscal general de la República, Larry Devoe, informó el miércoles 16 de septiembre que exigió retirar de las cuentas oficiales del Ministerio Público (MP) las publicaciones en las que aparezcan personas privadas de libertad o que se les señale directamente como responsables de delitos cuando todavía no exista una condena penal en su contra.
A través de una publicación en sus redes sociales, Larry Devoe señaló que la instrucción fue impartida a la Dirección de Relaciones Institucionales de la Fiscalía y aseguró que la medida busca garantizar el principio de presunción de inocencia, establecido en la Constitución venezolana. “Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario”, afirmó el funcionario.
Devoe sostuvo que la presunción de inocencia pertenece a un derecho constitucional que el MP debe garantizar.
‘‘Reafirmamos nuestro compromiso con una justicia transparente, objetiva y apegada al debido proceso, donde la dignidad de la persona sea siempre preservada’’, añadió.
Con la nueva instrucción, las publicaciones institucionales del MP deberán evitar presentar como culpables a personas que permanezcan detenidas mientras sus procesos judiciales no hayan concluido con una sentencia condenatoria. La medida supone un cambio en el tratamiento comunicacional de los procedimientos difundidos por la Fiscalía en sus plataformas digitales.
La decisión se produjo mientras el Ministerio Público desarrolla una Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, proceso que Devoe ha presentado como un mecanismo para recoger propuestas de distintos sectores y elaborar una hoja de ruta para modificar el sistema penal.
Reforma de la Justicia Penal
Delcy Rodríguez, anunció a principios de año su intención de construir ‘‘un nuevo sistema de justicia’’ que no criminalice la pobreza, que sea menos corrupto y más eficiente que el actual.
Rodríguez encomendó la tarea a la Comisión para la Revolución Judicial, que preside el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, para llevar adelante una ‘‘gran consulta nacional’’ con el fin de incorporar ‘‘las formas alternativas para la justicia penal e integrar otras formas de justicia para los ámbitos civil, mercantil, comercial y social’’.
Sin embargo, la mandataria no informó cuándo comenzará la consulta, cuánto durará ni quiénes podrán participar.
Por su parte, el fiscal ha realizado actividades en los estados Amazonas y Apure, donde planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema de justicia que sea más ‘‘transparente, humano y oportuno’’.
Entre los objetivos principales de la reforma se encuentran:
• Reducir el retardo judicial: Revisar los casos de personas detenidas que aún no tienen una sentencia firme.
• Combatir la corrupción: Sancionar a los jueces y funcionarios que cometan delitos dentro del sistema.
• Derechos humanos: Buscar un modelo más humano que cumpla con los estándares internacionales.
• Menos cárcel: Promover que la prisión preventiva sea la excepción y no la regla general
Ante este panorama, la organización no gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia, afirmó a través de una nota de prensa publicada el 3 de marzo que ‘‘un verdadero cambio del sistema de justicia sólo tendrá efectos positivos para los venezolanos si se traduce en tribunales independientes, procesos más rápidos y decisiones justas’’.
