Una investigación publicada por el diario norteamericano The Washington Post, reveló que la abogada de Nicolás Maduro ante la CPI (Corte Penal Internacional) es cuñada del Fiscal General Karim Khan, un elemento que pudiera generar conflicto de intereses en la investigación sobre violaciones de DD. HH. y crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen y que, a su vez, pone en riesgo la credibilidad y prestigio de dicha instancia en la que están depositadas las esperanzas de muchos venezolanos.
Esta semana se pudo conocer que la fundación Arcadea, una ONG con sede en la capital de EEUU donde el profesor venezolano José Vicente Carrasquero es uno de sus fundadores, introdujo una recusación contra el Fiscal Karim Khan debido a esta vinculación familiar con la abogada de Maduro que ha generado sospechas de parcialidad ante una posible condena
«Lo que aquí está en juego es el prestigio de la Corte Penal Internacional, su reputación y credibilidad, la confiabilidad de sus decisiones. Esperemos que esto se investigue con detenimiento” declaró para Dossier Venezuela el abogado Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV.
¿Nuevo Fiscal… Y Karim Khan?
Esta recusación implica que tanto el Fiscal como la plenaria de la corte deben presentar respectivos informes con los argumentos que determinen que estas sospechas no van a interferir en la independencia de la investigación, según explica el exmagistrado del TSJ, Juan Carlos Apitz, quien no descarta que sea designado un fiscal especial para que lleve el caso Venezuela.
“Yo estoy convencido que el Señor Karim Khan va a apartarse el conocimiento de los casos de Venezuela. Que se va a nombrar un fiscal independiente para los casos de Venezuela frente a esta sospecha de falta de imparcialidad…Para que lo que se decida ahí sea confiable para el mundo entero y en especial para los estados partes de esta Corte Penal Internacional» explicó Apitz.
También indicó el profesor universitario, que de ser apartado Karim Khan del caso Venezuela, este pudiera ser objeto de sanciones estipuladas en los estatutos de la CPI. A raíz de esta situación, el despacho del Fiscal General que ha estado en Venezuela en cuatro oportunidades, emitió un comunicado donde se comprometió con avanzar para generar una “rendición de cuentas” al gobierno venezolano por los delitos que se están investigando.
