Este domingo 21 de abril se cumplieron 100 días del cuestionado tercer mandato de Nicolás Maduro, impuesto tras las elecciones fraudulentas del 28 de julio de 2024, en las que el régimen se proclamó vencedor sin haber presentado nunca los resultados desglosados, en flagrante violación del cronograma electoral y de la voluntad popular.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por rectores chavistas, proclamó a Maduro como ganador, ignorando el claro triunfo del presidente electo Edmundo González Urrutia, quien fue respaldado por la mayoría de los venezolanos, según múltiples reportes nacionales e internacionales, incluidos los del Centro Carter, que en febrero concluyó que las elecciones “no pueden considerarse democráticas”.
A continuación, repasamos los ocho hechos clave que han marcado este nuevo período ilegítimo de Nicolás Maduro:
1. Legitimidad cuestionada dentro y fuera de Venezuela
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció la consumación de un golpe de Estado electoral, al desconocerse los resultados reales del 28 de julio. La comunidad internacional está dividida: mientras países aliados al chavismo como Rusia, China, Irán y Cuba respaldan a Maduro, democracias como EE. UU., Canadá, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Japón, Reino Unido, Alemania y Argentina, entre otros, han rechazado su legitimidad.
2. Sanciones y confrontación con Estados Unidos
Con el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Washington endureció las sanciones contra Caracas, retirando licencias petroleras, imponiendo aranceles del 25% al crudo venezolano y del 15% a otros productos. Trump acusa al régimen de enviar miles de criminales venezolanos a territorio estadounidense, en referencia a miembros del Tren de Aragua.
En respuesta, Maduro decretó un “estado de emergencia económica” y emitió una “alerta de viaje” sobre supuestos riesgos para venezolanos en EE. UU.
3. Retorno forzado de migrantes
Desde febrero, 2.559 venezolanos han retornado al país, la mayoría deportados desde EE. UU. en vuelos coordinados como parte de acuerdos bilaterales. Entre ellos, más de 200 fueron trasladados a una prisión salvadoreña, acusados sin pruebas de pertenecer al Tren de Aragua. El régimen chavista calificó esas deportaciones como una “agresión civilizatoria”.
4. Elecciones regionales bajo control del CNE
El chavismo ha convocado para el 25 de mayo nuevas elecciones regionales y parlamentarias, ignorando el reclamo nacional e internacional de respetar los resultados del 28 de julio. La oposición se encuentra dividida entre sectores que llaman a participar y otros —como María Corina Machado y González Urrutia— que rechazan cualquier proceso electoral mientras no se respete el mandato presidencial vigente.
A la par, Maduro impulsa una reforma constitucional a través de una comisión presidida por el fiscal general Tarek William Saab, en un proceso opaco y sin garantías de consulta ciudadana.
5. Escalada en el conflicto por el Esequibo
El régimen ha intensificado su campaña sobre el territorio en disputa con Guyana, anunciando elecciones para designar por “primera vez” un gobernador del Esequibo, lo que llevó a Georgetown a acudir ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Maduro acusa a Guyana y ExxonMobil de avanzar ilegalmente sobre zonas marítimas aún “pendientes por delimitar”.
6. Deterioro económico y aumento de la inflación
En 100 días de gestión, el bolívar se ha devaluado un 33% frente al dólar oficial, mientras que en el mercado paralelo la divisa supera los 100 bolívares por dólar. La inflación acumulada en el primer trimestre fue del 36,1%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas.
El salario mínimo continúa anclado en 1,60 dólares mensuales, obligando a millones de trabajadores a depender de bonos irregulares. Según estimaciones independientes, una persona necesita al menos 100 dólares mensuales solo para alimentación básica.
7. Criminalización de la disidencia y represión sostenida
Los presos políticos siguen siendo una realidad sistemática en Venezuela. Actualmente, hay 890 personas detenidas por motivos políticos, incluyendo cinco adolescentes, según datos de Foro Penal. Familiares han realizado protestas por el derecho a las visitas, atención médica y el fin del aislamiento.
Las condiciones de reclusión son descritas como inhumanas, con denuncias de tortura, privación del derecho a la defensa y juicios arbitrarios, muchos de ellos sin fecha de inicio o con defensores públicos impuestos.
8. Internacionalización de la persecución
La narrativa del régimen ha buscado criminalizar a la diáspora venezolana, acusándola de vínculos con el crimen organizado o de ser “instrumentos” de gobiernos extranjeros. Al mismo tiempo, ha utilizado los retornos forzosos como propaganda para exhibir una supuesta política humanitaria, mientras ignora las causas estructurales del éxodo de más de 8 millones de venezolanos.
