Expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron este viernes en un comunicado a las autoridades del régimen venezolano que informen de la suerte y el paradero de las víctimas de desaparición forzada en el contexto postelectoral luego de los cuestionados comicios de 28 de julio de 2024, así como durante y después de la considerada ilegitima investidura presidencial de Maduro en enero del presente año.
“El uso creciente de la desaparición forzada como un arma para silenciar a miembros de la oposición, personas percibidas como tales, activistas prodemocracia y personas defensoras de derechos humanos, busca generar un efecto disuasorio en toda la sociedad”, señalaron los expertos con base a los testimonios de familiares, abogados y organizaciones de la sociedad civil, quienes afirman que sus denuncias y recursos de habeas corpus no están siendo procesados, y en ocasiones, ni siquiera aceptados.
Estas desapariciones de “corta duración” implicarían que las víctimas son detenidas por las autoridades del Estado, llevadas a reconocidos centros de detención y ahí las mantienen incomunicadas durante varios días sin posibilidades de contacto con sus familiares o abogados, una práctica recurrente durante los últimos años, lo cual sugiere que existe un patrón, que puede equivaler a una práctica sistemática que envía un mensaje intimidatorio a quienes disienten con las políticas del gobierno o ejercen su libertad de expresión.
¡Ni en las peores dictaduras…!
“En tiempos de Pinochet en Chile, los habeas corpus los recibían, no los procesaban, pero luego sirvieron para que esta información permitiera juzgar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos” precisó para Dossier Venezuela Marino Alvarado, abogado venezolano y excoordinador de la ONG Provea, al referirse al recurso de ‘Habeas Corpus’ como derecho civil para solicitar la protección de cualquier persona ante arrestos y detenciones arbitrarias.
Esta acción judicial que se introduce en los tribunales competentes transcurridas las 72 horas desde la detención, en un Estado de derecho pudiera lograr que un juez ordene la liberación inmediata del detenido si no existen razones legales para el arresto. Sin embargo, en Venezuela este recurso es utilizado regularmente por los familiares para conocer el paradero de la víctima de una desaparición forzada.
“La gran mayoría de los habeas corpus no se están recibiendo, mucho menos tramitando” afirma Marino Alvarado al condenar la inacción del Estado ante el riesgo de quienes son desaparecidos de manera forzada: “En Venezuela la mayoría de los desaparecidos de esta forma sufren de tratos inhumanos y degradantes o torturas, eso debería llevar a una actuación inmediata de la defensoría del pueblo”.
Venezuela como potencial país patrocinador de terrorismo
Los países designados como patrocinadores del terrorismo enfrentan severas restricciones económicas, financieras y diplomáticas, como la prohibición de exportaciones de armas, la suspensión de ayuda económica, el bloqueo de créditos internacionales y limitaciones para acceder al sistema financiero global.
En la actualidad, son cuatro los países designados como patrocinadores de terrorismo según el Departamento de Estado de los EE. UU: Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria. Quienes formen parte de esta lista, por ejemplo, no pueden obtener préstamos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones globales. Además, facilita las demandas civiles en tribunales estadounidenses y afecta a su reputación internacional, complicando sus relaciones con otros países.
Pese a que aún Venezuela no pertenece a esta exclusiva lista, sí se encuentra junto a las naciones mencionadas en una categoría similar por su cercanía y/o relación con grupos irregulares: países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo.
¿Cuáles serían las consecuencias para Venezuela?
En la actualización más reciente de esta lista, en 2024, el subsecretario adjunto de la Oficina de Operaciones de Estabilización y Conflictos de EE. UU., Matthew D. Steinhelfer, denunció que el sistema de derecho en Venezuela se ha visto deteriorado por la permanencia de grupos armados irregulares en el territorio nacional.
En ese sentido, el funcionario estadounidense destacó que la guerrilla y los grupos del narcotráfico se han fortalecido en Venezuela gracias al apoyo político de Maduro. Denunció, además, la posibilidad de que los grupos irregulares se expandan a los países vecinos, poniendo en riesgo a toda la región.
“Cada vez más avanza la influencia de Estados donde el terrorismo es una política pública, como en los que son aliados de Maduro actualmente. Venezuela en cualquier momento podría pasar a ser parte de esta lista por sus alianzas para la construcción de armas con Irán, Bielorrusia, entre otro…” comentó en exclusiva para Dossier Venezuela, Zair Mundaray, abogado penalista y exfiscal de la República.
Mundaray también precisa que el régimen de Nicolás Maduro no solo se vería limitado en la adquisición de armas sino también en los fondos para la inversión social que provienen de los Estados más desarrollados: “Quienes colaboran con el terrorismo están fuera de esa posibilidad de ayuda, tampoco podrán importar o exportar sin excepciones fiscales como parte de convenios comerciales, por ejemplo.”
Oro negro venezolano también patrocina al terrorismo
Como si no fueran suficientes las alianzas públicas de Maduro con regímenes autoritarios, violadores de derechos humanos y, por ende, terroristas; Venezuela comercializa sus recursos naturales en el mercado negro con muchos de estos países que han sido sancionados internacionalmente por contrabando y la minería ilegal que propicia la violencia, el ecocidio y la corrupción.
“El oro venezolano, oro de sangre, que está destruyendo parte de la Amazonía, que desplaza a comunidades indígenas y mata a muchas personas al sur del estado Bolívar, se comercializa en los mejores mercados europeos a través del contrabando…” Así lo denuncia Oscar Murillo, abogado y periodista venezolano, quien recientemente estuvo citado a comparecer ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) como parte del hostigamiento del régimen hacia los defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales.
“Con el petróleo pasa lo mismo, a través del contrabando lo venden más barato por ser ilegal, pero alguien lo compra y lo coloca en el mercado” comenta Murillo, quien cita como precedente más reciente la trama PDVSA-Cripto por la que cayó el Ministro de Petróleo y uno de los hombres más poderosos del chavismo, Tareck El Aissami: “Fue un gran nicho de corrupción, a quien le cobraron el no haber repartido bien la cosa”.
Importante destacar que la primera vez que Venezuela apareció en la lista de países que no colaboran con los esfuerzos antiterroristas fue en el año 2006. En esa ocasión, la consecuencia inmediata fue la prohibición de ventas y licencias para la exportación de artículos de defensa desde Estados Unidos hacia Venezuela.
