(Redacción por David Gallardo) El régimen de Nicolás Maduro nunca ha sentido temor en usar las fuerzas del Estado para reprimir o perseguir a diferentes sectores de la sociedad civil. Esta realidad se siente mucho más cruda en la realidad luego del fraude electoral impuesto por el Centro Nacional Electoral (CNE) para favorecer al dictador, pero hubo una época no muy distante de la actualidad en la que las ejecuciones extrajudiciales eran la pesadilla de los sectores populares en Venezuela, una constante sensación de pánico estimulada por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Las amenazas y el terror no solo se paseaban por las calles de los sectores populares venezolanos, sino que incluso muchas veces ingresaba en los hogares y arrebata vidas a inocentes y marcaba de por vida a los seres queridos de sus víctimas.
¿Qué pasó con esta agrupación policial y criminal? ¿Por qué es importante continuar denunciando sus crímenes aún más en la actualidad? Los testimonios que recogimos pueden darte una pequeña mirada a través de la superficie de todas las violaciones a Derechos Humanos que realizó este grupo.
¿Qué son las FAES y cómo se formaron?
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron una fuerza táctica pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que tenía como objetivo combatir la delincuencia y el terrorismo, pero solo estuvo activa entre 2017-2022. Estas fechas tienen un marco de informalidad, porque el régimen de Nicolás Maduro le dio funcionamiento y poder antes de su decreto, luego la disolvió y reorganizó mucho antes de su cierre completo como organización.
Las FAES serían una continuación de los programas OLP/OLHP que ya habían fracasado con los objetivos de sanear de la delincuencia a la ciudadanía venezolana.
Nicolás Maduro presentó oficialmente a las FAES en una graduación en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) del programa de formación policial de la PNB en el 2017. Su inicio tuvo una flota de 641 funcionarios, grupo que según, para entonces ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, aseguró que estaban listos para combatir la delincuencia.
Fuentes señalaron a la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que la Unidad de Operaciones Tácticas Especiales (UOTE) la Dirección de Inteligencia y Estrategia (DIE), que pasó a llamarse Dirección de Inteligencia Estratégica; la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) y la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) tuvieron vínculos con las FAES luego de su creación.
El informe de esta Misión señaló que muchas de las ejecuciones extrajudiciales que se desarrollaron en Venezuela luego del 2019 estaban relacionadas con la FAES, por lo cual la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió la disolución del grupo policial.
El contexto de las FAES
El 2017 fue especialmente tormentoso para el régimen de Nicolás Maduro, porque el primer semestre del año estuvo marcado por protestas ininterrumpidas, así que se debía solucionar este malestar desde la perspectiva legal y de control: La instauración de la Asamblea Nacional Constituyente y la presentación de la FAES.
En un informe realizado por la ONG Provea, los Comisionados entrevistados sobre la activación y origen de este grupo policial, la mayoría señalan que fue la respuesta del régimen ante las resistencias políticas callejeras.
“Recuerdo que se planteó integrar a las FAES a las Unidades de Control de Reuniones y Manifestaciones, eso llevó consigo una serie de debates que trajo como conclusión la no incorporación, por los asuntos de DD. HH.”, señaló uno de los funcionarios anónimos que fueron consultados.
Los funcionarios policiales entrevistados por la ONG también coinciden en la falta de claridad en su organización y coinciden que la mayoría eran considerados «como poco preparados, técnica y operativamente; indisciplinados, de dudoso profesionalismo, con tendencia a comportamientos ilícitos y delictivos».
El legado mortal de las FAES
Dentro del lapso de tiempo entre el 2017 al 2020, se registraron 8.734 víctimas por intervención de la fuerza pública, entre las cuales, según los registros alcanzados por las fuentes de la ONG, 2.260 (26%) corresponden a intervenciones realizadas por las FAES.
El informe presentado por los especialistas también señalan que estas cifras sólo provienen de los registros presuntamente oficiales, señalando que podrían exigir muchos más casos que no fueron atendidos, denunciados a través de los medios de comunicación o que fueron tratados como aislados por las autoridades.
Los expertos señalan que la mayoría de los casos registrados se desarrollaron en los estados Lara, Miranda, Aragua y Distrito Capital, sin embargo señalan que existe una subestimación de los casos de Carabobo, Anzoátegui, Monagas, Trujillo y Sucre, mientras que se señala una invisibilización de los casos en Amazonas y Apure, lo cual denota la necesidad de los medios regionales y las ONG presentes en el territorio nacional.
Sin embargo, los expertos lamentan que aunque exista todo un esfuerzo en registrar las denuncias y documentar los sucesos, aún los números no se acercan a la realidad que sufre la ciudadanía venezolana con estos sucesos y violaciones de Derechos Humanos.
A pesar de los esfuerzos de las ONG, la Misión logró investigar 11 casos de las ejecuciones extrajudiciales, lo cual permitió el estudio del modus operandi de estas agrupaciones al momento de arrasar con las zonas populares del país.
A continuación el texto de la Misión describiendo los pasos de la FAES:
- Acordonamiento de barrios y orden a los vecinos de quedarse en sus casas: en varios casos, se acordonaron barrios y se ordenó a los vecinos que se quedaran dentro de sus viviendas. Algunos vecinos pudieron ver ciertos acontecimientos relevantes, así como oír disparos o gritos
- Objetivos seleccionados: los agentes de policía se acercaron directamente a las casas en las que habitaban las personas que habían sido identificadas como objetivo, lo que sugiere una labor previa de inteligencia para identificar y localizar a los objetivos. En los casos investigados, las FAES mantenían archivos con información sobre las personas buscadas, incluidas fotos, nombres, apodos, presuntos delitos y la identidad de la persona que implicaba a la eventual víctima
- Horario de los operativos: las muertes se produjeron con mayor frecuencia en la casa de las víctimas o en el vecindario, en varios casos en horas de la mañana o a última hora de la noche, en momentos en que las personas atacadas se encontraban en sus casas
- Ausencia de órdenes judiciales: las fuerzas de seguridad entraron en las viviendas sin presentar una orden judicial.
- Separación de objetivos y sus familiares: en casi todos los casos examinados la policía sacó a los familiares de la víctima (principalmente mujeres, ancianos y niños) de sus casas o los aislaron del individuo prioritario en habitaciones o en lugares separados dentro de la misma vivienda. Con ello se habría pretendido impedir que hubiera testigos oculares de los hechos
- Maltrato: durante las detenciones, algunos miembros de la familia, especialmente las mujeres, fueron insultadas por ser esposas o madres de los presuntos “delincuentes”
- Indumentaria: la mayoría de los agentes tenían la cara cubierta e iban vestidos de negro.
- Apropiación de bienes: en la mayoría de los casos, los agentes de seguridad se apropiaron de bienes básicos, tales como alimentos y ropa, así como de objetos de valor, incluyendo dinero en efectivo, joyas y aparatos electrónicos de las casas de las víctimas.
- Disparos en áreas vitales contra las víctimas: la Misión documentó un patrón de disparos a quemarropa en áreas vitales, incluyendo cabeza y tórax, con uno o dos disparos.
- Versión oficial: la versión oficial de los hechos en los que participaron las FAES fue consistentemente que las víctimas habían muerto al resistirse a la detención, en un “enfrentamiento” y/o durante un intercambio de disparos. La versión oficial se contradecía con las versiones de los familiares de las personas asesinadas.
- Custodia: las personas entrevistadas por la Misión declararon que las víctimas fueron vistas u oídas por última vez cuando estaban bajo el control de los agentes de policía, y que estaban en una cama, o en el suelo, con una capucha sobre la cabeza o con las manos levantadas. En algunos casos, vieron a los agentes hacer el disparo fatal.
- Ausencia de antecedentes penales: en 723 de los casos examinados por la Misión, las familias de las víctimas afirmaron que éstas no tenían antecedentes penales.
