Los venezolanos regularizados en Colombia pueden respirar tranquilos, al menos por ahora. El ministro del Interior de ese país, Rodrigo Lara, aseguró este martes que el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de ordenar la deportación de migrantes «ilegales» no afectará a quienes ingresaron durante la crisis de los últimos años y que ya fueron regularizados o están bajo regímenes de protección especial en ese país.
«El presidente no se refiere a los hermanos venezolanos que llegaron en lo más duro de la crisis, que fueron casi dos millones de hermanos venezolanos y en un 90% fueron perfectamente regularizados y recibieron un trato de hermandad», expresó Lara en una entrevista con Noticias Caracol.
Con información de El Nacional
El objetivo real: las redes del Darién
El funcionario aclaró que la medida se dirige estrictamente contra las «redes criminales» que se lucran con el tráfico de personas en el tapón del Darién, y señaló directamente a organizaciones delictivas como el Clan del Golfo como su principal blanco.
El presidente colombiano ordenó a Migración Colombia y a la Policía de Barranquilla la activación inmediata de operativos de control para identificar y deportar a extranjeros que permanezcan en situación migratoria irregular o que estén involucrados en actividades delictivas en el país. Durante un consejo de seguridad celebrado en Barranquilla, el mandatario precisó las directrices de la intervención: la prioridad recaerá, en primer término, sobre los extranjeros vinculados a delitos, y de manera consecutiva, sobre quienes no hayan regularizado su estatus migratorio en territorio nacional.
«No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo delitos en Colombia. Se van y los deportamos», dijo el jefe de Estado, al instruir que las personas en condición irregular sean deportadas en el menor tiempo posible, según reseñó Efe.
Sin distinciones para los grupos armados
La medida forma parte de una reestructuración más amplia de la política de seguridad nacional impulsada por la administración de De la Espriella, que busca eliminar las distinciones en el abordaje estatal frente a las estructuras criminales y catalogar como agrupaciones terroristas a todos los grupos armados al margen de la ley.
«Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización inventada por sectores que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la fuerza legítima como corresponde», señaló el presidente.
