Como si fuera poco la centralización de poderes y la ausencia de independencia en la toma de decisiones en las instituciones del Estado, el régimen también decidirá de manera absoluta quién ingresa y quien no, a las universidades del país, un hecho que ya estaba sucediendo hasta en un 70% de los casos, por ejemplo, en la UCV.
La decisión adoptada el jueves 26 de junio de manera inconsulta con las universidades, carece de coherencia en su razón de ser, puesto que al menos el 70% de los estudiantes que logran ingresar a la Universidad Central de Venezuela, lo hacen a través de la prueba OPSU, mientras que el resto lo hace por los mecanismos internos que ya están en desarrollo y pudieran verse afectados.
Pese a que de esta forma el régimen decidirá quien ingresa a las universidades, el Consejo Universitario de esta casa de estudios aprobó la continuación de la segunda fase del Sistema de Ingreso por Mérito Académico y Diagnóstico Integral 2025 (Simadi).
A través de un comunicado, la UCV destacó que la decisión, adoptada por mayoría durante la sesión ordinaria del Consejo Universitario, se fundamenta en el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 26, numeral 9, de la Ley de Universidades vigente.
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Sobregiro de la oferta académica
Ante esta nueva violación de la autonomía universitaria por parte del madurismo, el gremio docente de este sector sostiene que el Estado ya asignaba casi el 80% de los cupos a las distintas casas de estudios del país, por lo que esta medida, “sobregira” la oferta académica que ya superaba por mucho la capacidad instalada de las instituciones de educación superior.
De esta manera, la medida que el Ministerio de Educación Superior argumenta como “inclusiva”, pudiera terminar siendo discriminatoria, generando que los estudiantes se mantenga largos periodos de espera para poder inscribir formalmente una carrera.
Para evitar esta situación cada decanato de las distintas universidades públicas, realiza una previsión de cupos para definir la disponibilidad con base a la capacidad de cobertura docente, sin embargo, este derecho también ha sido violentado por la decisión del Ministerio y del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Ricardo Sánchez, “el traidor”
Según el Ministro de Educación Superior, Ricardo Sánchez, otrora dirigente del movimiento estudiantil opositor, pero vinculado hoy día al PSUV, la medida responde a una serie de denuncias que llegaron a su despacho sobre un presunto esquema de corrupción en la asignación de cupos para el ingreso a universidades públicas y autónomas.
Cabe destacar que la resolución también pone en riesgo las diversas modalidades de admisión internas de al menos 75 universidades, como lo es, por ejemplo, el programa Samuel Robinson de la UCV, enfocado en estudiantes de bajos recursos, y por el que en su momento ingresó Ricardo Sánchez, “el traidor”.
Otro de los elementos que llama la atención de esta decisión, es que los bachilleres egresados con promedios de 19 y 20 puntos podrán optar a cualquier carrera y universidad de sus primeras opciones.
Sin embargo, el más reciente estudio sobre rendimiento académico de educación media en el país, arrojó que los bachilleres se están graduando sin los conocimientos mínimos requeridos por las universidades y se maneja un promedio académico general de 7 puntos sobre 20.
Entonces, ¿Cómo es que se pretende ampliar el abanico de oportunidades para los estudiantes, si sólo se va a priorizar los mejores promedios de liceos públicos y privados?
